El viernes 4 de agosto, tuvo su primera sesión la Mesa Técnica para acompañar la implementación de la Ley sobre Trastorno del Espectro Autista (Ley TEA), convocada por el Ministerio de Educación, la que cuenta con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, Colegios Profesionales, Asociaciones de Municipalidades, Superintendencia de Educación y representantes de las tres Subsecretarías del Mineduc, Subsecretaría de Educación, de Educación Parvularia y de Educación Superior.
El propósito de esta Mesa es elaborar un diagnóstico compartido sobre las barreras que enfrentan las personas autistas en el sistema educativo y proponer sugerencias para avanzar en la conformación de comunidades educativas más inclusivas. En este marco, se abordarán temas como el acceso a la educación, la participación en los procesos educativos, la permanencia en el sistema y el proceso a lo largo de la trayectoria educativa. Se estima que este trabajo durará alrededor de seis meses, culminando con un documento con propuestas concretas para 2024.
Entre las organizaciones participantes en la mesa se encuentran la Federación Nacional de Autismo, la Mesa Interregional por la Ley de Autismo (MILA), el Núcleo Milenio Discapacidad y Ciudadanía (DISCA), Fundación Mis Talentos, Fundación Incluir tarea de todos, Fundación Wazu, la Asociación de Municipios Rurales y los colegios de Kinesiólogos y de Terapeutas ocupacionales.
La Ley TEA es una iniciativa marco que mandata a las instituciones públicas y privadas a adecuar sus políticas y acciones para garantizar los derechos de las personas autistas. En el caso de educación, la norma considera cuatro artículos que establecen, entre otras cosas, que el Estado debe resguardar que accedan sin discriminación arbitraria a los establecimientos públicos y privados del sistema educativo.
El Ministerio de Educación deberá desarrollar acciones formativas destinadas a profesionales y asistentes de la educación y acompañar la gestión educativa de los establecimientos para la atención a la diversidad y la atención de personas.
Los establecimientos educacionales, en tanto, deberán velar por el desarrollo de comunidades educativas inclusivas y realizar los ajustes necesarios en sus reglamentos y procedimientos internos, que consideren la diversidad de sus estudiantes y permitan el abordaje de desregulaciones emocionales y conductuales, además de proveer espacios educativos inclusivos, sin violencia y sin discriminación, y la debida protección de la integridad física y psíquica de niños, niñas, jóvenes y adultos autistas. En educación superior, en tanto, la ley establece que las instituciones deben velar por la existencia de ambientes inclusivos, lo que incluye realizar los ajustes necesarios para contar con mecanismos que faciliten el desarrollo de todo el proceso formativo, es decir, su ingreso, formación, participación, permanencia y egreso.
